Plantean modificar la distribución de royaltíes ante emergencia por COVID – 19

Como parte del plan de contingencia en la lucha contra el COVID – 19, el diputado Derlis Maidana, junto con otros congresistas, presentó el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 5 de la Ley Nº 3984/2010 `Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados “Royaltíes” y “Compensaciones en razón del territorio inundado” a los gobiernos departamentales y municipales”.

El proyectista menciona en la exposición de motivos, del mencionado documento legislativo; que con esto se busca que “las municipalidades puedan tener la posibilidad de destinar un mayor porcentaje en gastos corrientes del que actualmente está previsto en la Ley Nº 3984/2010 que es del 20 por ciento”.

Es decir, con el proyecto se pretende elevarlo a un 50 por ciento para gastos de capital y el otro 50 por ciento sea destinado a gastos corrientes.

El diputado Maidana explicó que existen necesidades urgentes en materia de salud y asistencia social en cada municipio y departamento, ante la crisis que se vive a nivel mundial a causa de la pandemia por el coronavirus.
Asimismo, en el documento se refiere que “los recursos en las municipalidades han disminuido considerablemente en materia de pago de impuestos, tasas y retribuciones”; que imposibilitan la atención a las necesidades más urgentes de las comunidades en todos los municipios.

El artículo de modificación propone que “por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos percibidos por las gobernaciones y municipalidades en virtud de la presente Ley, deberá destinarse a gastos de capital. El porcentaje restante en gastos corrientes, prioritariamente para atender las diversas contingencias coyunturales en materia de Salud Pública y al Sector Social.

En el mismo apartado se agrega que, “En los casos en que estos porcentajes no se adecuen a la realidad local y departamental, los Gobiernos Departamentales y Municipales podrán destinar otros porcentajes para atender las necesidades prioritarias del sector salud y el sector social”.

Finalmente, se establece que como organismo de control del manejo de estos recursos sea la Contraloría General de la República, al final de cada ejercicio fiscal.
Esta iniciativa fue impulsada y acompañada también por los diputados Justo Zacarías (ANR – Alto Paraná), Blanca Vargas de Caballero (ANR – Alto Paraná), Hugo Capurro (ANR – Misiones), y Edgar Ortíz (PLRA – Itapúa).

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