Los agentes fiscales Lilian Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción presentaron acusación contra Patricia Samudio, Félix Chávez, Roberto Cabrera, Miguel Darío Cáceres, Freddy Careaga Arias y José Costa Perdomo (pareja de Samudio) por Lesión de Confianza. Además solicitan la elevación de la causa a Juicio Oral y Público. Estas personas son sindicadas de la compra irregular de insumos que derivó en un perjuicio patrimonial de PETROPAR.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de prueba que indican que la Señora Patricia Samudio Torras autorizó por compra directa, vía excepción con recursos propios de PETROPAR, la compra de insumos valiéndose de la declaración de emergencia sanitaria en relación a lucha contra el COVID-19.
La ex titular del ente consintió la compra de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas N°95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros, 30 unidades de pallets, 15 unidades de termómetro láser, 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades media máscara para 2 cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 unidades de bidones de 5 litros. Así como las adquisiciones de 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la Institución, con excepción del ítems N °6 consistentes en 400 mamelucos descartables de PVC, y 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 adquiridas que sí ingresaron.
A más de detectarse la ausencia de estas mercaderías en el patrimonio del ente en contraprestación de lo abonado, la ex titular de PETROPAR compró todos estos productos inexistentes por precios muy superiores al precio real del mercado, es decir todos sobre facturados.
Todas las operaciones de compras estuvo a cargo de la Dirección Operativa de Contrataciones de PETROPAR , montaje para justificar y legitimar el desembolso de dicha suma de dinero del ente a cargo de Delia Patricia Samudio Torras, en connivencia con los propietarios de las empresas proveedoras, quienes prestaron su firma y toda su estructura para lograr el perjuicio patrimonial a PETROPAR.
Todas estas operaciones de compra fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del COVID-19.
Los fiscales solicitaron la elevación de la causa a Juicio Oral.
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